En la Conferencia Matutina del día lunes 11 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la necesidad de llevar a cabo una reforma administrativa que contemplaría la desaparición de algunos órganos autónomos. Según el mandatario, esta medida busca consolidar el control gubernamental sobre decisiones estratégicas, argumentando que algunos de estos organismos no sirven al pueblo y están al servicio de minorías.
El presidente señaló que, en varias ocasiones, órganos como el Instituto de la Competencia Económica han defendido a particulares en temas relacionados con empresas estatales como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. López Obrador sostiene que el objetivo del gobierno debe ser el bienestar colectivo y del pueblo en general, no de grupos específicos, para evitar lo que él denomina una oligarquía en lugar de una democracia.
Este anuncio surge en el contexto de tensiones previas entre el presidente y diversos órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dichas instituciones han emitido recomendaciones y señalamientos en respuesta a los comentarios de López Obrador, especialmente aquellos de carácter electoral.
La propuesta de reforma planteada por el presidente genera inquietudes respecto a la autonomía institucional y su impacto en funciones clave de los organismos autónomos. Por ejemplo, el INE desempeña un papel crucial en el establecimiento de recomendaciones, restricciones y sanciones durante procesos electorales, asegurando la integridad y equidad de dichos eventos. Una reforma que centralice estas decisiones en el Poder Ejecutivo podría generar sesgos y cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso electoral.
Asimismo, órganos como el INAI, encargado de velar por la transparencia y rendición de cuentas, y el INEGI, responsable de proporcionar datos precisos sobre la situación del país, podrían enfrentar dificultades en su misión al perder autonomía frente al Ejecutivo.
Es evidente que la propuesta de reforma administrativa del presidente López Obrador, si bien busca fortalecer el control gubernamental, también plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la diversidad del manejo de la toma de decisiones en la administración pública.
